Miguel Zuñiga Juárez
Análisis del Acontecer
Vivir en un fraccionamiento, es como vivir en un infierno, y es que comprar una propiedad en estas zonas residenciales es comprar problemas que generan un mayor gasto para las familias, pero hacerlo en comunidades que no cuentan con el respaldo municipal es peor”, sostuvo Javier Martínez quien adquirió una vivienda en el Fraccionamiento Ciudad Yagul en Tlacolula de Matamoros.
A 60 minutos de la capital del Estado el asentamiento “residencial” pertenece al municipio de Tlacolula de Matamoros, quien desde el inició de la construcción en el 2003 se negó a reconocer al fraccionamiento, sin embargo, si vendió a la empresa constructora los terrenos para desarrollar el complejo habitacional.
Las casas de una y dos plantas, con dos y tres recamaras fueron entregadas los primeros meses de enero de 2009, y pocos fueron los que se fueron a vivir a la zona; en ese tiempo no había tantos problemas pues el agua potable llegaba para abastecer a la población.
Desde la llegada de este hombre de 65 años a la unidad habitacional, indica que realizo los pagos de predial al municipio, quien cobraba todos los impuestos y derechos fiscales, pero se negó a la prestación de servicios, pues argumentaba el fraccionamiento nunca fue entregado en forma a las autoridades.
Este problema origino una de las primeras pesadillas de la familia pues el agua potable dejo de fluir, desembolsando entonces los primeros gastos para poder adquirir tinacos o como en su caso construir una cisterna para poder adquirir el vital líquido de una manera externa a través de pipas que comenzaron a llegar.
La energía eléctrica en la zona ha sido cortada aun cuando en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad aparezca el Impuesto al Alumbrado Público, y aunque han acudido a la dependencia les han informado que el responsable de este caso es el municipio, quien hasta hoy no se ha hecho responsable.
La inseguridad que surgió en la zona obligo a los vecinos a construir y levantar muros en áreas verdes, hubo quienes se apropiaron de gran parte de estos lugares, lo que impide que en caso de algún siniestro los servicios de rescate puedan llegar de manera rápida, indicó el denunciante.
Como Don Javier alrededor de 500 familias viven a diario la inseguridad y el tener que adaptarse a los altos costos que representa habitar la zona, en la que el transporte público ha generado la inconformidad de los vecinos.
La deuda que adquirió por la vivienda de una planta es por 30 años y fue de 450 mil pesos, lo que lo imposibilita para buscar un nuevo patrimonio, que responda por las necesidades que él y su familia tienen.
